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República Dominicana salió victorioso ante la demanda arbitral interpuesta en su contra por los señores Michael y Lisa Ballantine (caso Jamaca de Dios) sobre la base del Capítulo 10 sobre Inversión del del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica- Estados Unidos (DR-CAFTA).
La información la ofreció la Dirección de Administración de Acuerdos y Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX) del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la que recordó que el 11 de septiembre de 2014, los señores Michael y Lisa Ballantine presentaron su Notificación de Arbitraje, alegando entre otras cosas que la República Dominicana había violado sus obligaciones bajo la Sección A del Capítulo 10 del DR-CAFTA, y en particular, lo relativo al Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida, Nivel Mínimo de Trato y Expropiación e Indemnización.
Los señores Ballantine demandaron al Estado por la suma de US$41,500,000.00 en el denominado caso “Jamaca de Dios” alegando violaciones al DR-CAFTA por no permitirle la expansión de su proyecto habitacional y recreacional en el área protegida del Parque Nacional Baiguate.
Una nota de la Dirección de Comunicaciones del MICM explica que el 3 de septiembre el Tribunal Arbitral emitió su laudo definitivo desestimando los reclamos de los señores Michael y Lisa Ballantine, sobre la base que dichos señores no tenían calidad para ampararse en el DR-CAFTA, en vista de que la nacionalidad efectiva y dominante de dichos señores era la dominicana, evitando que la República Dominicana pagara a los demandantes la suma de US$41,5 millones por alegados daños directos y morales
Este es un importante triunfo judicial internacional del Estado dominicano que realizó una defensa rigurosa y efectiva del interés nacional, especialmente de un recurso natural tan valioso como el Parque Nacional Baiguate.
El titular del MICM, arquitecto Nelson Toca Simó, expresó que está decisión del Tribunal Arbitral “favorece y habla muy bien del clima jurídico y de inversiones que prevalecen en nuestro país”.
La DICOEX estuvo a cargo de la coordinación de la defensa del Estado, como Autoridad Nacional Coordinadora para estos temas en virtud de la Ley 37-17, que reorganiza el MICM y los decretos 303-15 y 610-07, junto a un equipo interinstitucional en el que participaron la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El Estado dominicano estuvo representado por la firma de abogados Arnold & Porter, la cual contó con el apoyo del equipo de funcionarios dominicanos integrado por el Lic. Marcelo A. Salazar, director de la DICOEX, el Dr. Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la Lic. Patricia Abreu, viceministra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Lic. Leidylin Contreras, subdirectora de la DICOEX, la Lic. Raquel De la Rosa, analista del Departamento de Prevención, Solución de Controversias e Inversión de la DICOEX, la Lic. Rosa Otero, Directora del Ministerio de Medio Ambiente y Johanna Montero del Ministerio de Medio Ambiente y las licenciadas Nathalie Hernández y Sara Patnella de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Con esta decisión, el MICM y la DICOEX, reafirman su compromiso de continuar velando por la defensa del país ante los procesos de solución de controversias de inversión, con decisiva autoridad y empoderamiento, concluye la nota.
